COVID-19: la brecha entre lo contado y lo ocurrido

1. A escala planetaria: la brecha entre lo contado y lo ocurrido

Durante toda la pandemia convivieron dos maneras de medir la mortalidad: el recuento oficial de fallecidos con COVID-19 confirmado, y el "exceso de mortalidad" — la diferencia entre las muertes por todas las causas realmente registradas y las que estadísticamente cabía esperar sin pandemia.

La Organización Mundial de la Salud estimó que, entre enero de 2020 y diciembre de 2021, se produjeron 14,83 millones de muertes en exceso en el mundo, frente a los 5,42 millones de fallecidos oficialmente notificados por COVID-19 en ese mismo periodo — es decir, casi el triple.

Un estudio independiente publicado en The Lancet, que cruzó datos de 74 países y 266 regiones, elevó aún más esa cifra: calculó 18,2 millones de muertes en exceso atribuibles a la pandemia, con India, Estados Unidos, Rusia, México, Brasil, Indonesia y Pakistán concentrando casi la mitad del total. Los mayores índices relativos se dieron en Latinoamérica andina, Europa del Este y Europa central.

La propia OMS reconoce que la causa de esta brecha combina el infrarregistro por falta de capacidad de test y certificación, y las muertes indirectas: personas que no pudieron ser atendidas de otras dolencias por el colapso sanitario.

2. Europa: la región con más exceso de mortalidad relativo

Según Eurostat, en abril de 2020 —pico de la primera ola— España registró la tasa de exceso de mortalidad más alta de toda la Unión Europea: un 80,8% por encima de la media histórica, seguida de cerca por otros países del sur y centro de Europa.

El fenómeno no terminó con la fase aguda de la pandemia: Eurostat sigue publicando datos de exceso de mortalidad en la UE años después, con oscilaciones estacionales que en 2025 todavía sitúan a España entre los países con tasas más elevadas en algunos meses (10,6% en junio de 2025, solo por detrás de Malta). Esto sugiere que los efectos sobre la salud pública europea —directos e indirectos— no se cerraron con el fin de la emergencia sanitaria oficial.

3. España: tres formas distintas de contar a los muertos

Aquí es donde el contraste "oficial vs. real" se vuelve más visible, porque en España convivieron tres fuentes oficiales distintas con criterios diferentes, más una cuarta no gubernamental:

• Ministerio de Sanidad: recuento diario de fallecidos con COVID-19 confirmado notificado por las comunidades autónomas.
• INE (Instituto Nacional de Estadística): exceso de mortalidad respecto al mismo periodo del año anterior.
• MoMo (Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria, Instituto de Salud Carlos III): compara las muertes observadas con las esperadas según la media de los últimos años, ajustada por tendencia y estacionalidad; se nutre de los registros civiles informatizados (en torno al 93-94% del total).
• Servicios funerarios: recuento directo de los servicios prestados, al margen de la certificación administrativa.

El caso más ilustrativo de esta brecha se dio en noviembre de 2020, cuando las cuatro fuentes, consultadas casi en la misma fecha, ofrecían cifras acumuladas muy distintas: Sanidad hablaba de 38.833 fallecidos oficiales, el INE estimaba un exceso de 61.732 muertes, el MoMo calculaba 62.988, y los servicios funerarios —según pudo saber Libertad Digital— cifraban en 68.230 los muertos directos por coronavirus. Es decir, casi el doble entre el dato oficial más bajo y la estimación más alta.

Los propios responsables del MoMo explican la brecha por el retraso y la incompletitud en la notificación de causas de muerte, especialmente al principio de la pandemia, cuando muchos fallecimientos —sobre todo en domicilios y residencias— no llegaban a certificarse como COVID-19 aunque el patrón de la curva de mortalidad apuntara claramente a la epidemia como causa.

4. Catalunya y Barcelona: el colapso administrativo detrás de las cifras

En Catalunya el desfase entre lo contado y lo ocurrido tuvo, además, una causa muy concreta: el colapso de los registros civiles. El Registro Civil de Barcelona, el de mayor volumen de la comunidad, llegó a no inscribir ni una sola defunción durante dos semanas completas en marzo-abril de 2020, por falta de personal suficiente para tramitar tanto las inscripciones como las licencias de enterramiento urgentes.

Para corregir ese vacío, la Generalitat decidió el 16 de abril de 2020 empezar a integrar en el recuento oficial los datos que aportaban directamente las funerarias, lo que permitió aflorar de golpe 3.242 muertes adicionales —muchas de personas fallecidas en sus domicilios o en residencias de mayores que hasta entonces no se habían contabilizado.

A escala municipal, Cementiris de Barcelona realizó 17.191 servicios funerarios en 2020, la cifra más alta desde 1939, último año de la Guerra Civil española. Abril de 2020, en pleno pico de la primera ola, concentró 3.472 de esos servicios — el mes con más entierros e incineraciones del año.

5. El grupo más golpeado: las personas mayores en residencias

Si hay un colectivo señalado de forma consistente por todas las fuentes —oficiales, académicas y de derechos humanos— como el más afectado, es el de las personas mayores institucionalizadas en residencias.

Amnistía Internacional, en su informe Abandonadas a su suerte, documenta que alrededor del 70% de las muertes por COVID-19 en España se produjeron en residencias de mayores, con datos que a mediados de noviembre de 2020 ascendían a 40.749 personas fallecidas en estos centros; la organización eleva después la cifra a 35.000 muertes en un balance posterior, con Madrid y Catalunya como las comunidades con las tasas más altas.

El informe documenta hasta cinco vulneraciones de derechos humanos sostenidas en el tiempo durante esos meses: el derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación, a la vida privada y familiar, y a una muerte digna — señalando como responsables al gobierno central, los gobiernos autonómicos, el Congreso, la Fiscalía General del Estado, el Defensor del Pueblo y el Consejo General del Poder Judicial. Años después, Amnistía sigue reclamando la reapertura de casos archivados y denuncia la falta de investigación activa por parte de estas instituciones.

6. Consecuencias económicas: la mayor caída del PIB en tiempos de paz

Según el Banco de España, la economía española sufrió en 2020 la contracción más severa de su historia reciente en tiempos de paz: un desplome del PIB del 11-11,3%, la mayor caída dentro de toda la Unión Europea, solo comparable a la de la Guerra Civil (más del 26% en 1936-1937, según la base de datos histórica de Prados de la Escosura).

La razón de que España encajara el golpe con más fuerza que sus vecinos europeos tiene que ver con su estructura productiva: los sectores de hostelería, restauración, ocio y otros servicios de alto contacto personal —los más golpeados por las restricciones de movilidad— representan más del 10% del valor añadido bruto español, frente a apenas el 6% de la media de la eurozona. El consumo privado, principal componente de la demanda interna, fue el más afectado por la incertidumbre y las restricciones.

El primer trimestre de 2021, el PIB español seguía un 9,4% por debajo de los niveles de finales de 2019, una brecha que casi duplicaba la del conjunto de la eurozona.

7. Consecuencias sociales: salud mental y aislamiento

Más allá de la economía, el confinamiento y el aislamiento dejaron una huella medible en la salud mental. Según la OMS, la prevalencia mundial de ansiedad y depresión aumentó un 25% durante el primer año de pandemia, y el organismo señala el estrés generado por el aislamiento social como una de las principales causas de ese incremento.

En España, distintos estudios académicos realizados durante el confinamiento de 2020 detectaron niveles de ansiedad y depresión moderados o graves en torno al 20-30% de la población encuestada al cabo de un mes de confinamiento, con una incidencia mayor entre mujeres, estudiantes, personas con ingresos reducidos y quienes ya tenían antecedentes de salud mental — y menor entre los mayores de 56 años y quienes convivían con alguien. El Centro de Investigaciones Sociológicas registró que un 6,4% de la población española acudió a un profesional de salud mental por síntomas relacionados con la pandemia, principalmente ansiedad y depresión.

En resumen: lo que dicen las fuentes, sin etiquetas

Los datos oficiales de fallecidos por COVID-19, en cualquier escala geográfica, tienden a quedarse por debajo de las estimaciones de exceso de mortalidad, con más peso de esa brecha cuanto peor era la capacidad administrativa o sanitaria del territorio en cuestión. En España, ese desfase estuvo especialmente marcado por el colapso de los registros civiles y la falta de certificación de muertes en domicilios y residencias, sobre todo durante la primera ola. Las personas mayores institucionalizadas fueron, con diferencia, el colectivo más señalado por todas las fuentes consultadas. Y el impacto no se limitó a las muertes: la economía española sufrió la mayor caída de PIB de su historia reciente en tiempos de paz, y la salud mental de la población —especialmente de ciertos grupos— se resintió de forma medible.

Quede en manos de cada lector interpretar qué explica esa brecha entre lo contado y lo ocurrido, y qué lecciones institucionales se pueden extraer de ella.

Tabla resumen de fuentes